Beth Baltimore, Brooklyn, NY
Antoine J. Bastien van der Meer, Lane, OK
Melissa Brennan, New York, NY
Mark Burton, Boulder, CO
Mercedes Castillo, CA

RESUMEN EJECUTIVO

Bolivia es un país que atraviesa una transformación histórica. Colonizado y recolonizado por el capital extranjero, durante muchos siglos esta nación sudamericana ha sido el campo de juego para las élites enriquecidas. Pero ahora Bolivia tiene la oportunidad de liberarse de la dominación económica del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las corporaciones transnacionales norteamericanas que tienen control de sus recursos y de su destino. El catalizador para este cambio de escenario fue la elección de Evo Morales como presidente constitucional de la República en Diciembre de 2005: un indígena boliviano y dirigente de un sindicato cocalero quien, junto a Chávez de Venezuela, Lula de Brasil y otros líderes de varios otros países sudamericanos, está conformando un muro de resistencia a las presiones norteamericanas e internacionales que permiten el “libre mercado” que saquea los abundantes recursos naturales del continente.

Bolivia es el país más empobrecido y con más presencia indígena en Sud América. La historia de 500 años desde la conquista española inició una serie de repetidas intervenciones del extranjero, una serie de brutales dictaduras, la continua explotación del estaño, la plata y otros minerales, y la constante represión a la mayoría indígena por parte de un puñado de familias que controlaron tradicionalmente tanto la vida económica como la política del país.

La elección de Morales ha dado nueva vida no sólo a las aspiraciones de los indígenas sino también a los movimientos sociales que apoyan y controlan al gobierno. Estos son los movimientos sociales que han resistido a los Estados Unidos por décadas, incluyendo grandes victorias como en la “Guerra del Agua” el 2000 y las dos “Guerras del Gas” el 2003 y el 2005. Los movimientos sociales enviaron también al exilio a los Estados Unidos al último dictador. Pero otro tema también importante en este escenario son las políticas cocaleras. Washington reprueba a Morales por sus políticas izquierdistas y su alineamiento con Chávez, lo que pone en claro que el cultivo de coca en Bolivia no será erradicado. El uso de la coca tiene una tradición de largos siglos en los países andinos, donde es usada en productos alimenticios y consumida directamente para atenuar el hambre.

Los cocaleros se han organizado en uno de los movimientos sociales nacionales más fuertes. Desde que Morales mostró una hoja de coca en las Naciones Unidas el mundo vio que esta planta no es droga y que la cocaína no es un tema de problemática en Bolivia. Sin embargo, tradicionalmente Washington ha usado y usa su “guerra contra las drogas” para condicionar la ayuda extranjera a Bolivia.

En enero de 2007 el National Lawyers Guild (NLG) envió a Bolivia un grupo de abogados y estudiantes de derecho, junto a un científico, para observar el tipo de sociedad desarrollada en medio de una transformación progresiva. El grupo tuvo la ventaja particular de tener una guía norteamericana que reside en Bolivia, Jean Friedman-Rudovsky, quien no solamente está al tanto de la coyuntura política, sino que también arregló entrevistas clave para el grupo con altos personeros del gobierno, dos ministros del gabinete, el consejero del Presidente, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y miembros de la Asamblea Constituyente, así como también dirigentes de algunas de las organizaciones sociales más importantes. Asimismo la delegación tuvo acceso a varias comunidades indígenas donde observamos las tareas de una comunidad para brindar agua a sus residentes, la agonía de una comunidad que vio a muchos de sus residentes asesinados en la “Guerra del Gas” durante 2003 y la alegría de un grupo de estudiantes indígenas que habían culminado una larga lucha por establecer una Facultad de Derecho “para el pueblo”. También nos reunimos con el director del “Centro para la Democracia” (un ciudadano norteamericano), quien nos sintetizó los principales problemas de la intricada situación política boliviana. Finalmente nos reunimos con un representante del principal partido opositor.
Los principales tema de investigación: la reforma agraria, el rol de los indígenas en el nuevo gobierno, la nacionalización del gas y los hidrocarburos, la reforma de la Constitución, los Estados Unidos y la guerra contra la coca, el sistema penitenciario, la patentación norteamericana de semillas y materia vegetal, la reacción del gobierno de Morales a las críticas de Washington y, por supuesto, la reforma del sistema legal. La clave de esa reforma parece ser la noción de la “justicia comunitaria”, la cual reconoce el consenso tradicional de la política indígena y la obvia disfunción del sistema judicial. En ese punto nuestro encuentro con la entonces Ministra de Justicia, siendo ella misma indígena y sin estudios de derecho legal, fue dramáticamente más útil que nuestra reunión con dos influyentes miembros de la Corte Suprema.

Otro tema importante tanto para bolivianos y norteamericanos es el intento de Bolivia de extraditar a su reciente ex presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada, o “Goni,” por la muerte de manifestantes pacíficos y de espectadores. Sobre el punto, nada sorprendente, Goni se ha encontrado seguro en los Estados Unidos, donde disfruta de representación legal y de la poderosa influencia de varios políticos demócratas de Clinton. Su extradición es un tema que tiene un efecto unificador en el país, lo cual como otros temas, está ampliamente polarizado.

Nuestro escenario de fondo fue el país boliviano y el aire de las extensas montañas andinas. Nuestras tres ciudades elegidas, Cochabamba, La Paz y Sucre, fueron seleccionadas por su importancia política y social. Sucre es el centro de la Asamblea Constituyente donde los mecanismos de la reforma constitucional y la demanda de varias regiones no indígenas por autonomía se han convertido en temas muy discutidos fuera del país. La Paz, una metrópolis de tercer mundo localizada a 12.000 pies, está situada en una “hoyada” en los Andes, con rascacielos en el centro y brutal pobreza alrededor. A nuestros ojos Cochabamba es una ciudad pequeña y semidormida, donde se produjeron algunas de las manifestaciones más fuertes y violentas que ocasionaron la muerte de tres personas el día que dejamos el país. La volatilidad es una constante en Bolivia.
I. INTRODUCCIÓN El 10 de enero, el día que dejamos Bolivia -y casi a un año después de la asunción del líder indígena Evo Morales como presidente- la gente de la ciudad de Cochabamba se levantó. La gente indígena de esa ciudad se concentró masivamente en la plaza principal, amenazando con tomar la Prefectura y tratando de emplazar al prefecto del departamento a renunciar, pues éste se había aliado con las facciones del ala derecha opositora a Morales. Como sus iguales en la pasada década, la gente de Cochabamba estaba luchando contra los vestigios coloniales del poder estructurado.

Sólo pocos días antes la misma plaza principal de Cochabamba tenía para nosotros una apariencia pacífica. Era un lugar adormecido: gente almorzando, un trío de niños músicos y bailarines, niños lustrabotas ofreciendo sus servicios tratando de no recibir un no como respuesta y una vieja mujer aymara pidiendo limosna. Pero también había cierta intensidad algo inquietante en la plaza aquella tarde: un discurso político se dirigió hacia nosotros duramente desde una pequeña multitud. Sin embargo uno de nosotros los vitoreó. Luego risas y expresiones de buena voluntad fluyeron hacia nosotros desde el pueblo boliviano, a quienes generalmente reconocemos como gente cálida, abierta, respetuosa e irónicamente muy tranquila.

La delegación, compuesta por trabajadores legales, abogados, estudiantes de derecho y un científico, vinieron a Bolivia a aprender acerca de los éxitos extraordinarios de los pueblos indígenas que, por primera vez desde la conquista española, eligieron a un presidente indígena con una clara mayoría de votos. Estuvimos en Cochabamba durante nuestro primer día en el país, donde nos encontramos con los fundadores locales de una cooperativa autónoma de agua. Frente a la falta de atención del gobierno en el suministro de agua, cavaron un pozo y ahora utilizan un motor de Nissan para bombear el agua que llega a cientos de familias en las zonas empobrecidas de la ciudad. También nos reunimos con Oscar Olivera, el líder de la “Guerra del Agua” el 2000, que expulsó a la corporación extranjera con la cual el gobierno de ese entonces había firmado un contrato para administrar el suministro de agua con tarifas que los pobres no podían cubrir.

Estas visitas y una reunión con Jim Shultz del Centro para la Democracia, cuidadoso observador de la política norteamericana en Bolivia, pusieron absolutamente claro el papel de los Estados Unidos como protector de sus intereses corporativos y compatibles con los gobiernos en países extranjeros, en detrimento del desarrollo de esos países.

Durante los próximos siete días, nos las arreglamos para ir a otras tres ciudades. En La Paz, nos reunimos con los cocaleros quienes nos explicaron con orgullo que la planta de coca ha contribuido a la salud y resistencia del pueblo de Bolivia. Ahora, sin excusas, los bolivianos buscarán exportar hojas de coca, así como también la interdicción de su desvío hacia la cocaína. Los abogados laborales explicaron la complejidad de la adaptación y el cambio de antiguos sistemas coloniales impuestos en un nuevo orden de bienestar social.

Nos reunimos con jueces de la Corte Suprema, ministros de gobierno y asesores del presidente. En algunos casos francamente y en otros con la antigua forma de hacer política. Evadiendo algunos temas nos revelaron la rabia y las aparentemente insalvables divisiones existentes entre los pocos ricos y las masas de pobres, y entre las distintas facciones y grupos de interés dentro de los propios pueblos indígenas. Uno de los dirigentes de PODEMOS, partido político de la élite adinerada, menciona a sus constituyentes como víctimas de una nueva dictadura.
Posteriormente escuchamos a algunos familiares de las 67 personas muertas a tiros durante una manifestacion contra un pasado gobierno de derecha. Las familias y sus abogados resaltaron los esfuerzos del gobierno de Morales para la extradición del ex presidente–quien ahora vive en Maryland—para su enjuiciamiento en Bolivia, y también nos comentaron acerca de la resistencia del Departamento de Estado de los EE.UU. a estos esfuerzos.
Tal vez la persona más entrañable e inspiradora que conocimos fue la Ministra de Justicia Casimira Rodríguez, una mujer quechua que había sido esclavizada durante su niñez. Explicó su objetivo de ampliar el sistema de justicia en los barrios más cercanos a la gente pobre, para permitir su inmediato y fácil acceso a un gobierno que escuche las denuncias de la injusticia a medida que se presentan. Su evidente preocupación humilde y sincera para hacer realidad un trabajo de gobierno socialista-humanista en los niveles de base más cercanos a la gente nos conmovió. Cuando nos enteramos sólo semanas después de nuestra reunión de que el nuevo presidente la había despedido, una vez más las lecciones de historia acerca de la realidad versus el idealismo en movimientos revolucionarios interrumpieron las esperanzas que ella confidencialmente nos había dejado. Sin embargo, nuestra reunión con los estudiantes de derecho que fundaron y ahora administran y protegen la Universidad Pública de El Alto (ciudad de expansión indígena por encima de La Paz) de las fuerzas políticas que quieren cerrarla, aclaró que el pueblo de Bolivia se encuentra empoderado por sus experiencias de organización de masas y que nadie lo detendrá. II. IMPRESIONES El objetivo principal de este informe es difundir lo que aprendimos acerca de la política, la economía y la situación social en Bolivia. Empero, el informe sería incompleto sin la discusión de algunos temas más subjetivos y de anécdotas que nos transmitieron lo que se sentía al estar en Bolivia, participar de su cultura, interactuar con altos funcionarios de gobierno y ciudadanos comunes, experimentar la cocina local y echar un vistazo a la cultura de la coca.

Algunos de nosotros sentimos el impacto de la altitud tan pronto como aterrizamos en La Paz. Todos rápidamente aprendimos a masticar la hoja de coca para que nos ayude a aclimatarnos. No obstante, incluso con la hoja de coca y con generosas dosis de mate de coca a lo largo del día, muchos en el grupo todavía sintieron los efectos de la altitud durante todo el viaje, lo que se manifiesta en dolor de cabeza, malestar estomacal y noches sin dormir. A pesar de todo eso mantuvimos nuestra calma, nuestra energía y nuestra voluntad de estar plenamente inmersos en la cultura boliviana durante nuestra corta estancia en el país.

Los bolivianos tienen un sorprendentemente amplio y profundo conocimiento de su historia y de los movimientos sociales que afectan sus vidas. Hablan con orgullo, convicción y poder, pero también con la máxima humildad y gracia. Todos los activistas sociales con los que nos reunimos estaban deseosos de compartir sus historias con nosotros, agradecidos de tener un público, dispuestos a ser honestos sobre su situación y a solicitar nuestra ayuda. Cada una de estas reuniones fueron para nosotros un nuevo despertar cultural, una oportunidad para aprender, pero también para participar en una forma de recopilación de cuentos que a muchos nos resultaron realmente foráneos.

Con la delegación bromeábamos acerca de que en cada presentación a la que asistimos la conversación se iniciaba con esta frase, “500 años atrás, cuando los europeos llegaron …”. Nuestros anfitriones estaban ansiosos en ayudarnos a comprender el contexto de sus luchas, su opresión, sus miedos. La impresionante cantidad de detalles de la historia de Bolivia que la gente nos refería ocasionó largas reuniones que pusieron a algunos de nosotros fuera de nuestras zonas de confort, pero, con todo, abrieron nuestros ojos a una manera diferente de estar juntos, de estar en comunidad para aprender acerca de las luchas de los demás. En ninguna parte esto fue más evidente que en nuestra reunión con estudiantes de la Universidad Pública de El Alto, una gran comunidad de bajos ingresos a unos 40 minutos del centro de la ciudad de La Paz. Nos reunimos en el tercer piso de una organización comunitaria en El Alto, sentados en bancos de madera en una habitación fría. Fue allí donde pudimos sentir los efectos de casi quinientos metros más que en La Paz. Habíamos pedido a un pequeño grupo de estudiantes de derecho que nos cuenten sobre su lucha por establecer una Universidad Pública (que incluía una Facultad de Derecho) en El Alto. Nosotros esperábamos que hablaran durante una hora aproximadamente y luego nosotros hablaríamos, como lo habían pedido, sobre el sistema jurídico en los Estados Unidos.

Cuatro horas luego del inicio de la reunión, que había comenzado a las 6 pm, los estudiantes de El Alto seguían hablando. Hablaron sobre la historia de Bolivia, sobre la actual condición jurídica y del poder ejecutivo, sobre la filosofía de la educación jurídica y, desde luego, acerca de sus experiencias, en la lucha por la apertura de su Facultad de Derecho. La incomodidad de algunos de nosotros se sintió en gran parte opacada por el asombro, la admiración, la humildad y la gratitud que sentimos hacia estos alumnos. Para algunos de ellos esta puede haber sido la primera oportunidad para preparar una conferencia y hablar a una audiencia que quería aprender acerca de ellos. A medida que continuamente pasaban las bolsas de hojas de coca que los estudiantes compartían con nosotros, fuimos golpeados por los peligros que enfrentaron en su lucha, el compromiso y la pasión que mantuvieron por años mientras encaraban rechazo tras rechazo, lo doloroso que significó el conseguir algo—una educación jurídica—que muchos de nosotros tenemos garantizado en nuestro propio país. Salimos de la reunión sintiéndonos agotados física y emocionalmente, adoloridos y con un poco de hambre. El festín de interminables porciones de carne y de cerveza local que después compartimos con los estudiantes en un restaurante cercano sirvieron también para curar todos nuestros males.

Las páginas a continuación ponen en relieve a la gente así como también los temas que encontramos durante nuestro viaje. Mientras preparamos este informe reflexionamos sobre lo que aprendimos y nos aferramos a los recuerdos de un país con hermosos paisajes (nuestra salida al Lago Titicaca para un domingo de descanso fue impresionante), deliciosa comida (muchos de nosotros conocimos por primera vez la quinua, un grano cultivado en los Andes) y a seres humanos admirables. Para muchos de nosotros la imagen más fuerte que trajimos a casa fue la de un niño secándole las lágrimas a su madre mientras ella nos contaba como había perdido a su marido durante la guerra del gas. Esa imagen se queda con nosotros mientras informamos sobre la situación política y el desarrollo económico y social en Bolivia. III. HISTORIA
En 1532, los conquistadores españoles llegaron a los Andes, inmensos territorios anteriormente gobernados por los Incas durante cientos de años. Las minas de plata de Bolivia representaron la mayor parte de la riqueza del imperio español, sustentado en la casi esclavitud de los pueblos indígenas obligados al trabajo minero. Si bien se proclamó la independencia en 1809, la República de Bolivia no se formó hasta el 1825 después de la Guerra de la Independencia, cuando Simón Bolívar se convirtió en el primer Presidente. Desde la independencia, Bolivia ha perdido más de la mitad de sus territorios como consecuencia de múltiples guerras con países vecinos. Perdió su litoral durante la Guerra del Pacífico (1879-83), también una región productora de caucho a causa de las presiones de Brasil que persuadió a los gobernantes para la secesión del estado de Acre en 1903. Finalmente Bolivia perdió la región del Chaco en 1935 a favor de Paraguay. Una sucesión de gobiernos controlados por la élite económica y social dieron luz verde al “laissez-faire” capitalista durante los primeros treinta años del siglo XX. Bolivia incluye la historia tumultuosa de 188 golpes militares y numerosas constituciones. Una Asamblea Constituyente celebrada en 1938 dio lugar a alteraciones de la relación constitucional entre el Estado y la sociedad, y este evento también promulgó que los derechos humanos superan los derechos de propiedad y que el interés general sobre los recursos nacionales es fundamental para los intereses individuales.

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) surgió después de la Guerra del Chaco como una coalición política con fuerte apoyo entre varias clases sociales. El apoyo no duró, cuando el líder del partido fue acusado de fascismo y de masacres a turbas de estudiantes, profesores y trabajadores en 1946. El periodo que vino tras el asesinato del líder del MNR trajo un declive económico y una extrema agitación social, sin embargo el MNR encabezó el éxito de la Revolución de 1952. Inmediatamente después de la Revolución, Bolivia inició la nacionalización de una serie de recursos, comenzando con las minas. Se estableció el sufragio universal, se redujeron las fuerzas armadas, las tres compañías más grandes de estaño fueron nacionalizadas y se creó la empresa estatal llamada Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). En 1953, el nuevo gobierno aprobó la Ley de Reforma Agraria que abolió el trabajo forzado e inició la transferencia de tierras latifundistas a los campesinos indígenas.

Sin embargo el MNR pronto perdió popularidad cuando se dividió entre izquierdistas radicales y una mayoría más moderada. Los dirigentes del partido se ajustaron a un estricto programa de estabilización del Fondo Monetario Internacional que congeló los salarios y requirió grandes préstamos de EEUU, lo cual alentó a la extrema izquierda. En 1964 un golpe militar derrocó al MNR llevando a su fin a la Revolución Nacional. Una junta militar restableció el poder del ejército y revirtió casi todas las políticas aplicadas por el partido. La COMIBOL se puso bajo control militar, las milicias mineras fueron desarmadas y los dirigentes sindicales exiliados. Este acontecimiento marcó el inicio de casi 20 años de gobiernos militares durante los cuales la mala gestión de los sucesivos regímenes provocó una severa hiperinflación. En 1982 finalmente la sociedad civil logró recuperar el control del gobierno, pero en 1985 la hiperinflación había dejado al país imposibilitado de pagar los préstamos hechos por instituciones financieras internacionales.

A exhortación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, el Presidente Víctor Paz Estenssoro presentó su Nueva Política Económica, marcando el inicio del neoliberalismo en Bolivia. Los defensores de las políticas neoliberales y de la privatización prometieron que la inversión extranjera reactivaría la economía boliviana, pero en realidad esas políticas en última instancia causaron graves impactos negativos. La privatización de empresas estatales, incluido el sector minero, el petróleo, el gas y la compañía aérea nacional, llevó a masivos despidos y al aumento de las tasas de utilidad. Los beneficios que los economistas habían prometido no llegaron a materializarse y la privatización de los recursos afectó a muchos bolivianos. Esto continuó en 1993: la administración del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, en estrecha cooperación con el Banco Mundial y el FMI, comenzó el proceso de entrega de Bolivia, de sus industrias de propiedad estatal -petróleo y gas- a empresas extranjeras. El plan introdujo el concepto de “capitalización”. La “capitalización” del gobierno, que poseía Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), puso el control mayoritario de las empresas en manos de compañías extranjeras, entregando miles de millones de dólares de activos públicos a transnacionales. Las acciones de las empresas capitalizadas en Bolivia se encontraban bajo la gestión de administradoras de fondos de pensiones privados, en lugar de ser sostenidas por los propios bolivianos como en un principio se había prometido. El gobierno se vio obligado a vender acciones y a tomar millones de dólares en préstamos con el fin de satisfacer los pagos de pensiones no cubiertos por la debilidad de los dividendos de las empresas capitalizadas.

En abril de 2000 el descontento generalizado con la agenda neoliberal salió a relucir. Estallaron manifestaciones populares en las calles de Cochabamba en respuesta a los aumentos tarifarios aplicados por la empresa privatizadora de agua Aguas del Tunari, una subsidiaria de Bechtel con base en EE.UU. La revuelta, conocida como “la Guerra del Agua”, logró la expulsión de la empresa fuera del país. Otra protesta similar tuvo lugar durante 2003 en El Alto, una ciudad asolada por la pobreza situada en las afueras de La Paz, en contra de los esfuerzos de las empresas multinacionales que trabajan para privatizar los recursos petrolíferos de Bolivia. Después de la promulgación de un decreto supremo que ordenó la ley marcial para acabar con la oposición, las manifestaciones se vieron empañadas con el asesinato de cerca de 70 civiles y la huida del corrupto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

Los problemas económicos Bolivia, considerado actualmente el país más pobre en América del Sur, se reflejan en sus conflictos políticos y sociales. Hoy las preocupaciones centrales de Bolivia y sus luchas incluyen el acceso a los recursos naturales, la reforma agraria, la reforma de la Constitución de la República, la autonomía regional, la producción de coca, los derechos de los indígenas y los esfuerzos para extraditar al ex presidente Sánchez de Lozada. Después de años de explotación a manos de empresas extranjeras y también cono consecuencia de la corrupción de los funcionarios locales, Bolivia está comenzando a emerger como una entidad auto-determinada en la búsqueda de una mayor autonomía y del control de sus propias riquezas. Evo Morales, el primer líder indígena de Bolivia, fue elegido democráticamente el 18 de diciembre de 2005. Con el apoyo de su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), el ex productor cocalero proclamó victoria al mismo tiempo que los Estados Unidos implementaban agresivamente su programa de erradicación de coca. La asunción de Morales como jefe de estado es un símbolo político profundo. Como indígena aymara, Morales se ha ganado la admiración y la atención internacional con su retórica anti-imperialista y anti-capitalista, y también por los vínculos políticos y económicos de alto perfil con Hugo Chávez y Fidel Castro.

Una de las grandes empresas de Morales ha sido su esfuerzo por nacionalizar los recursos naturales: el 1 de mayo de 2006 emitió un decreto supremo que nacionalizó la producción del petróleo del país y transfirió la propiedad de YPFB a manos del Estado. Teóricamente YPFB sería capaz de definir precios, volúmenes y condiciones de comercialización de las reservas de Bolivia. Sin embargo, la nacionalización no será jurídicamente vinculante hasta que los contratos sean modificados y finalizados. Antes del Decreto Supremo, Bolivia recibía 250 millones de dólares en impuestos y regalías de la producción de petróleo. Ahora, Bolivia recibirá 1,3 billones de dólares cada año. Este sentido de la soberanía y el control de las riquezas de la propia nación ofrecen esperanza y optimismo para una sociedad más justa y con principios. IV. MOVIMIENTOS SOCIALES Si hubo un punto en el cual nuestros entrevistados estuvieron de acuerdo fue el papel fundamental desempeñado por los movimientos sociales en la historia reciente del país. Los movimientos sociales fueron quienes:

– sostuvieron largas décadas de resistencia a la forzada guerra contra las drogras de los Estados Unidos para la erradicación de la coca, la misma que impulsó y dio lugar al actual presidente Evo Morales como dirigente sindical y político.

-ganaron la Guerra del Agua en 2000, la ahora célebre batalla en la que los ciudadanos de a pie derrocaron a la transancional Bechtel, evento que desencadenó una ola de rebelión social contra las políticas neoliberales que se habían impuesto en Bolivia durante la década de los ochentas y noventas.
– lucharon las dos guerras del gas, durante 2003 y 2005, exigiendo que los beneficios de los vastos recursos naturales de Bolivia sean para los bolivianos y no para los bolsillos de los ejecutivos de las transnacionales, expulsando a dos Presidentes en el camino y allanando el camino para la nacionalización de los hidrocarburos en mayo de 2006.
– crearon una universidad pública y autónoma a través de protestas callejeras en El Alto, una ciudad cuyos habitantes ahora defienden esa institución con humilde pasión y compromiso.
– votaron masivamente por el primer presidente indígena de Bolivia el 18 de diciembre de 2005, un aymara que creció sumido en la pobreza del altiplano criando llamas y comiendo la comida que los viajeros arrojaban de los buses; un hombre que promete revertir alrededor de 500 años de explotación colonial e imperialista.
Mientras escuchábamos estas historias durante nuestra corta visita, se hizo evidente que entender a los movimientos sociales de Bolivia era esencial para entender a la Bolivia de hoy.
La mayoría de las personas con quienes compartimos conversaciones y comidas hablaron con propiedad y orgullo acerca de los movimientos sociales y sus logros. Entre los innumerables cuentos de movilización callejera, organización comunitaria estratégica y política, se hizo evidente que los movimientos sociales se ven conducidos por las propias personas. No hay organizadores, ni activistas profesionales cuyo único objetivo es el de fomentar la actividad política. Al contrario, los movimientos sociales y los que hacen posible el cambio son la misma gente: la que vende dulces y refrescos en la calle a diario, los que trabajan en las minas y las fábricas o los que cosechan papas o coca. Parece que no hay brecha entre la gente que vimos en las calles y quienes impulsaron la protesta radical en Bolivia durante los últimos 10 años.

Específicamente el término “movimientos sociales” se refiere a las organizaciones y asociaciones del ala izquierda del espectro político boliviano, aquellos que rechazaron los largos siglos de hegemonía económica y política de la élite blanca y que lucharon por la justicia económica y social en las calles. Son los sindicatos, juntas vecinales, consejos comunitarios indígenas, centros de estudiantes, sindicatos de campesinos agricultores, grupos de mujeres y cooperativas de agua, por nombrar unos pocos. Aunque a menudo los portavoces especificaron el sector al que pertenecían, a menudo se auto-identificaban como parte de este gran conjunto.

Sin embargo, hay contradicciones en lo que respecta al análisis de los movimientos sociales, específicamente en lo que se refiere al lugar en que se ubican actualmente, considerando la borrosa línea entre la sociedad civil y el gobierno.

Fernando Pizarro, asesor jurídico del presidente Morales, nos dijo que el MAS no es un partido político común, que es en realidad una agrupación de los movimientos sociales. Explicó que este nuevo gobierno está inventado, representa y trabaja explícitamente para satisfacer los intereses de los bolivianos pobres, de la mayoría indígena y de los movimientos sociales conformados por sus masas. Subrayó que el MAS no es un partido político “tradicional” y que ahora los movimientos sociales se han convertido en gobierno.

Esta visión se contrastó notoriamente con la visión del portavoz de la Guerra del Agua, Oscar Olivera, quien compartió con nosotros los primeros días del viaje. Cuando le preguntamos por qué había rechazado con firmeza y en repetidas ocasiones la oferta de Morales para unirse al Gabinete Presidencial (ya sea como Ministro de Trabajo o Agua), Olivera explicó que prefirió quedarse con los movimientos sociales que pasar a formar parte del gobierno. Reflexionando sobre esta decisión, Oscar comentó:

Evo Morales es parte de un proceso que hemos estado impulsando desde el año 2000. Los enemigos de este proceso son las personas que han gobernado durante miles de años. Entre ellas se incluyen los grandes terratenientes, los muy ricos, los partidos de derecha y la embajada de los EEUU que ha coordinado, en parte, el robo de lo que nuestro país tiene para ofrecer. Nuestros objetivos fueron siempre modificar el modelo político, poner fin al totalitarismo y crear una asamblea constituyente en la que el pueblo, no los partidos políticos, puedan decidir cómo debe ser este país … La única forma de cambiar la vida para el pueblo de Bolivia es la lucha por el cambio social. El poder real y la capacidad real aún sigue siendo de la gente, de los movimientos sociales. Y si el poder es del pueblo, entonces quiero estar con el pueblo.

La certeza con la que Oscar hizo hincapié en la firme existencia de la división entre el gobierno y los movimientos sociales, y la idea de que el cambio puede y debe ser creado independiente del poder estatal, fue fortalecida por nuestra anterior visita a AAPAS (Asociación de Producción de Agua y Saneamiento y Administración). En zonas de bajos ingresos de Cochabamba, la tercera ciudad en el país, cooperativas de agua comunitarias han construido sus propias y eficaces alternativas a los sistemas de agua privados (que incluyen el uso de un viejo coche de motor de Nissan para bombear el agua a cientos de vecinos). AAPAS es parte de una gran asociación de sistemas de agua llamado ASICA-Sur (Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur) y abastece de agua a 605 familias manteniendo tarifas extremadamente bajas (un promedio cerca a 3 dólares americanos por mes), de manera que incluso la mayoría de las familias empobrecidas tiene acceso al agua. Estas organizaciones han logrado todo esto sin esperar respuestas de los políticos o del poder estatal.

A los ojos de la oposición, muy poco importa si los movimientos sociales son independientes o no, porque ven a Morales muy fuertemente ligado a esta base izquierdista de manera incondicional. Rafael Loayza, líder del partido opositor, cree que los movimientos sociales son parte de una nueva hegemonía porque Morales sólo responde a sus necesidades. Criticó a Morales como terco y de poca visión y lo acusó de negarse al diálogo con los sectores y partidos políticos opositores, algo que el asesor presidencial Pizarro rechazó.

El papel de los movimientos sociales en el futuro del país seguirá siendo importante, pero cómo estos se desarrollarán es cuestionable.

Aunque los delegados de la asamblea constituyente no proceden directamente de los movimientos sociales, pero sí de partidos políticos, hay más de 100 propuestas presentadas en Sucre que fueron elaboradas en base a conversaciones y consultas con los movimientos sociales a nivel nacional. Esas opiniones y recomendaciones tendrán repercusiones en el país y en su elaboración socio-económica, en la medida en que sean tomadas en cuenta dentro la nueva carta magna.

Del mismo modo, los movimientos sociales seguirán teniendo un impacto sobre la legislación y el gobierno. Viendo las relaciones políticas a través de los ojos de Pizarro, los movimientos sociales están ahora decidiendo y seguirán teniendo el control del futuro del país, porque tienen las riendas del poder estatal en sus manos a través del MAS.

Desde la perspectiva de Olivera, los movimientos sociales tienen el poder a través de su capacidad para mantener la autonomía, crear alternativas y presionar al gobierno desde un punto de vista independiente. La habilidad del MAS de responder a las demandas y acciones electorales, la existencia de un cambio tangible en las vidas de las mayorías en Bolivia y la satisfacción de las expectativas de los movimientos sociales, serán los factores que determinarán el futuro del país. V. SISTEMA LEGAL: JUSTICIA COMUNITARIA VS. JUSTICIA ORDINARIA La asunción del Presidente aymara Evo Morales ha servido para validar las creencias indígenas comunitarias que fueron negadas en el pasado por la justicia ordinaria y por las políticas oficiales del Estado durante 500 años de reglamentación colonial. Bolivia tiene una población mayormente indígena -la mayor de Sud América- lo cual es visible en cada esquina callejera, al ver como las mujeres aymaras y quechuas llevan con orgullo la vestimenta tradicional que las distingue. Menos visible, pero igualmente notoria, es la forma en que estos 36 diferentes grupos indígenas dan vida a sus comunidades.

La “Justicia comunitaria”, con ligeras variaciones en su aplicación entre los distintos grupos en Bolivia, tiene como principio fundamental el mantenimiento de un orden moral y social para regular eficazmente normas de coexistencia pacífica. Herederos de valores transmitidos oralmente de generación en generación desde los Incas, los adherentes a la justicia comunitaria buscan un equilibrio con su medio ambiente para curar los males sociales a través de un consenso en la toma de decisiones. Se espera la plena participación de cada miembro de la comunidad indígena, y se la garantiza por medio de la rotación de los puestos de mando. Las responsabilidades de liderazgo varían entre grupos diferentes, pero en general incluyen el servicio de un tipo de tribunal comunitario que conoce los conflictos familiares, penales, civiles y/o contractuales, y que busca la justicia adecuada para cada caso. Por definición, las sanciones incluyen la humillación pública, así como también multas, trabajo comunitario, la expulsión de la comunidad y castigos corporales. Por ejemplo, la justicia comunitaria se aplica en la región de cultivo de coca de los Yungas, donde los cocaleros a quienes se comprueba que trafican cocaína son denunciados públicamente frente a una asamblea municipal y expulsados de la comunidad.
Mientras que una mente jurídica occidental podría encasillar el concepto de justicia comunitaria en la rúbrica de un sistema jurídico, los bolivianos con los que nos reunimos ven su aplicación de manera más amplia. Oscar Olivera, líder de los movimientos sociales que luchan por el derecho al agua, enmarcó la lucha de su comunidad por la justicia y por el bien común, redefiniendo el concepto de humanidad en una era capitalista. El Estado boliviano está dispuesto a reconocer esta lucha y permitir el castigo de la justicia comunitaria dentro de las comunidades, aunque con algunas limitaciones. El artículo 171 de la Constitución boliviana permite el uso de la justicia comunitaria en las comunidades indígenas a menos que los conflictos rebasen las disposiciones constitucionales. Las prácticas de la justicia comunitaria prohibidas en el Artículo 28 del Código de Procedimiento Penal incluyen la condena a cadena perpetua, la pena de muerte, la muerte civil y los castigos corporales; por tanto existe un conflicto entre la práctica de la justicia comunitaria y su pleno reconocimiento jurídico. Actualmente, varias propuestas para una mejor inclusión de la justicia comunitaria dentro el sistema de la justicia “ordinaria” forman parte de la agenda de la Asamblea Constituyente.

El sentimiento nacional de que las creencias indígenas aumentaron se hizo evidente en el encuentro con David Choquehuanca, Ministro de Relaciones Exteriores, quien inmediatamente y desde un principio nos cautivó con una exposición sobre la cosmología tradicional, que incluía la necesidad de equilibrio entre el hombre y la naturaleza y la diferencia entre el “buen vivir” y el “mal vivir”, siendo este último desdeñable y propio de la vida occidental por ser una sociedad “del deshecho”. El Ministro Choquehuanca hizo énfasis en la primacía del consenso basado en la toma de decisiones. También habló de la limitación de la democracia en su exigencia de sumisión a la voluntad mayoritaria, en vez de regirse a un proceso que permita la participación de todos los miembros de la comunidad. De igual manera criticó a los programas internacionales de desarrollo y los citó como programas “anti-desarrollo” debido a que causan la falta de armonía entre las personas y la naturaleza. Por último, consideró que la ley hecha por el colonialismo no tiene en cuenta el derecho natural (de las concepciones indígenas del cosmos) y por eso nuestro planeta está en “un estado de muerte”.

Igualmente apasionada por la justicia comunitaria, pero centrándose en su aplicación más amplia en toda la infraestructura del país, fue la Ministra de Justicia, Casimira Rodríguez, una atenta y bien organizada mujer quechua quien a los 14 años fue sacada de su pueblo rural y trasladada a la ciudad de Cochabamba, con la promesa de que a cambio de su trabajo recibiría educación y cuidado. En lugar de ello fue sometida a un estado de servidumbre y obligada a trabajar durante largas horas sin pago, siendo regularmente abusada por sus “empleadores” hasta que fue rescatada luego de dos años.

Más tarde, Rodríguez empezó y liderizó la organización del sindicato de las trabajadoras del hogar. Luego, ya como ministra, tuvo a su cargo cuatro vice-ministerios: justicia comunitaria, justicia y derechos humanos, transparencia y lucha contra la corrupción y género. El Ministerio de Justicia funciona esencialmente como un centro de mediación, con sucursales en muchos barrios donde todos los días los bolivianos pueden llevar sus disputas. Este sistema funciona en beneficio de la gente más pobre que no puede pagar las tasas judiciales o el tiempo de espera para la resolución jurídica, y es el más claro reflejo de las ideas de los bolivianos acerca de cómo funciona la justicia. La Ministra Rodríguez describió el “abismo” entre la justicia comunitaria y la justicia “oficial”, donde el dinero, un abogado, la necesidad de alfabetización, una amplia educación y la ineficiencia prevalecen. Mientras que la justicia oficial castiga con pena de prisión, la justicia comunitaria ofrece restitución a los culpabilizados a través de una decisión en la que participa toda la comunidad. La Ministra Rodríguez criticó a la Corte Suprema de Bolivia, afirmando que la Corte funciona como si fuera una isla, ignorando (y temiendo) las nociones de justicia comunitaria, lo que permite que sólo los ricos tomen las decisiones, limitándose a reproducir el pasado. Lamentablemente, varias semanas después de nuestra salida de Bolivia, el Presidente Morales sustituyó a la Ministra Rodríguez por “falta de avance”.

Nuestro tan esperado encuentro con Fernando Pizarro, miembro del “equipo de asesoramiento legal” del Presidente Morales, fue menos que satisfactorio porque el Sr. Pizarro optó por no responder a las preguntas directamente y proporcionó poca nueva información acerca del sistema legal boliviano. Aunque la oportunidad de visitar el palacio presidencial fue bien recibida y el inesperado contraste de ver en un gabinete de nivel al asesor en pantalones jeans masticando coca fue refrescante, la reunión se desenvolvió como una recitación de la campaña sobre las promesas de Evo y no se mencionó la justicia comunitaria. Es de destacar el hecho de que mientras el Sr. Pizarro es un abogado que no es indígena, los ministros Rodríguez y Choquehuanca son indígenas que no son abogados.

En el nivel de la justicia ordinaria se encuentra la Corte Suprema de Bolivia. Hasta 1994 el Tribunal estaba obligado a escuchar todos los casos que se encontraban en apelación, pero ahora se divide en varias especialidades, entre ellas un tribunal constitucional, un consejo general de temas administrativos y disciplinarios y una rama agraria. En nuestro breve encuentro con los jueces Dra. Emilse Ardaya Gutiérrez y el Dr. Julio Ortíz Linares, la discusión se centró en el aumento en el nivel de la formación académica de los abogados y jueces. Una pregunta sobre el cese de funciones que hizo el Presidente Morales de cuatro Magistrados fue omitida y no se mencionó nada acerca de la justicia comunitaria.
Otro ejemplo de la brecha entre la justicia comunitaria de los pueblos indígenas y la justicia ordinaria de los descendientes de la minoría criolla es la estratificación del empleo y sus consiguientes ramificaciones jurídicas. Como pudimos comprobar en todo nuestro viaje, la mayoría de la población trabaja en la economía informal, vendiendo productos en las calles o mercados o conduciendo uno de los miles de mini-buses. Mientras que Bolivia mantiene la seguridad social, sólo el 20% de la población trabajadora formal realiza contribuciones o aportes, obteniendo por lo tanto los beneficios del sistema. Además, los pequeños empresarios están en condiciones de realizar contratos fuera del Código Civil y evitar las protecciones laborales previstas por ley. Debido a la gran demanda de trabajo, muchos bolivianos están dispuestos a firmar contratos informales injustos que el sistema judicial lentamente remedia. Cuando un trabajador del sector informal es capaz de permitirse el tiempo y los gastos asociados, el empleador que perdió el caso, demandado por incumplimiento de contrato y por créditos laborales no remunerados, podría tener que pagar todo los costos del litigio, sumados los activos, e incluso puede llegar hasta la cárcel.

Pero las leyes laborales no sólo benefician rara vez a los trabajadores indígenas en el sector informal, pues estas leyes podrían también ponerse en contra de ellos. Familias enteras trabajan en la economía informal, en particular en el transporte público de los minibuses, donde niños pequeños de 6 años de edad se cuelgan precariamente de un lado tratando de gritar fuera para ganar pasajeros, compitiendo con decenas de micros que se dirigen a diferentes destinos en tanto que sus padres maniobran por las congestionadas calles. La participación de todos los miembros de la familia es absolutamente necesaria para la supervivencia; sin embargo, en Bolivia todo trabajo infantil es ilegal.

El Juez Iván Campero junto a Esteban Ríos, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), una institución académica comprometida con la investigación y la creación de recomendaciones para las organizaciones del gobierno, expresó su aprobación a los planes del Presidente Morales de triplicar los fondos de la seguridad social a través de los impuestos recaudados de la nacionalización de los recursos naturales. ALAL aclaró que el Poder Ejecutivo crea la ley mediante Decretos Supremos, los cuales son esencialmente órdenes ejecutivas pero se limitan a la aplicación de la legislación vigente. Por ejemplo, el Decreto Supremo 28699, promulgado por el presidente Morales el 1 de mayo de 2006, se refiere a la ley sobre el cese del empleo, añadiendo el requisito de que los empleadores deben tener una causa justa antes del despido de un empleado. ALAL expresó que este decreto no crea ninguna estabilidad en la ley, porque el Presidente Morales no definió la expresión “causa justa”.

Como en los Estados Unidos, un problema que comienza con las desigualdades en la educación primaria se ve exacerbado por la discriminación en la escuela secundaria. La educación secundaria en Bolivia se ofrece a los estudiantes sin cargo, pero con tasas que para los pobres pueden ser sustanciales. En Bolivia, la carrera de Derecho se considera como una de varias carreras posibles, similar a un grado importante, disponible tras una inmediata educación secundaria. Una vez que una persona completa cinco años de la educación en derecho, esta persona está preparada para trabajar como abogado; no es necesario un examen en el colegio de abogados. Si bien esto podría parecer inicialmente un poco equilibrado, nos enteramos que no todas las carreras se ofrecen en las diferentes universidades.

La ciudad de El Alto, se encuentra a menos de 20 millas de distancia y a 1.000 metros de altura más que la ciudad de La Paz, es la ciudad más empobrecida donde la mayoría es población indígena. Cuando la Universidad se abrió se ofrecían solamente carreras técnicas para mano de obra. Con lo aprendido de nuestra reunión con la gente increíble que luchó incansablemente para abrir -y mantener- la universidad, aun cuando inicialmente tuviera sólo carreras técnicas mal remuneradas, supimos que los esfuerzos para acceder a la educación superior fueron una verdadera batalla. En nuestra reunión con el Dr. Javier Guachalla, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia actualmente asentado en La Paz, no pudimos obtener una respuesta contundente sobre cuántos indígenas -si los hay- son miembros del colegio de abogados, y cuántos son admitidos en las carreras de derecho en las universidades. Además del costo y la falta de acceso, también se debe tener en cuenta las dificultades que implica el hecho de que un miembro de la familia sea financiado por un período de cinco años sin trabajar para poder estudiar, lo cual el Dr. Guachalla admitió que excluye desproporcionadamente a las familias empobrecidas de las oportunidades educacionales.

La exclusión de la justicia comunitaria y la forma de vida indígena de la justicia ordinaria ha dividido esencialmente a la justicia boliviana en dos sistemas durante 500 años, en detrimento
de los pueblos indios. Mientras tanto, los gobiernos de minoría blanca también han utilizado el sancionado sistema jurídico estatal para crear falsas divisiones entre las personas y crear innecesarias disidencias. Por ejemplo, existe una legislación que afecta a dos de los sectores más combativos de Bolivia establecidos en regiones tradicionales de cultivo de coca: los Yungas y el Chapare, lo cual fue rápidamente descalificado por los dirigentes cocaleros como una división foránea impuesta. Tras la promulgación de la Ley 1008 por el Presidente Carlos Mesa –en realidad la ley se estableció mucho antes pero Mesa introdujo un par de cambios- se reconoció a los Yungas como una región legal para el uso “tradicional”. En el caso de Chapare, ésta zona es considerada de cultivo “excedentario”, criminalizando inmediatamente una forma de vida indígena. El Presidente Morales, un ex dirigente cocalero del Chapare, emitió un Decreto Supremo en referencia a la Ley 1008 que todavía no ha pasado por el parlamento, pero si lo hace y tiene éxito, incrementará el límite de cultivo legal de coca.

El uso de la ley por la clase minoritaria criollo-blanca para oprimir y dividir a la mayoría de la población indígena de Bolivia ha creado en algunos casos una aversión de los movimientos sociales respecto a utilizar el sistema legal como medio para lograr el progreso social. Por ejemplo Oscar Olivera afirma que los decretos supremos no son la respuesta para curar los males sociales, y cree que los esfuerzos deben enfocarse en la organización de los pueblos indígenas antes que mantener abogados en los equipos de los movimientos sociales. Sin embargo, algunos movimientos han optado por trabajar valiéndose del sistema jurídico. Los estudiantes de El Alto, ya sea por elección o por necesidad, utilizaron la ley para su beneficio mediante la organización de la comunidad en torno a su demanda por la creación de una universidad. A través de una combinación entre intrepidez y ferocidad, estos estudiantes lucharon satisfactoriamente por las Leyes 2115 y 2556, estableciendo y manteniendo la universidad de El Alto. Del mismo modo, los abogados del Comité Impulsor buscan la extradición del ex presidente González Sánchez de Lozada mediante múltiples estrategias legales. Al mismo tiempo, las familias de las víctimas de la Guerra del Gas del 2003 utilizaron la exhumación de los cuerpos de las víctimas – en oposición a las creencias indígenas- cuando las vías legales parecían cerradas. En suma, los activistas bolivianos trabajan dentro y fuera del sistema judicial ordinario y están guiados por su honesta convicción en la justicia comunitaria, de manera que continuarán luchando hasta que crean que la batalla ha sido ganada. VI. ASAMBLEA CONSTITUYENTE Como hecho representativo de los muchos de la historia de Bolivia, la fundación constitucional de 1825 escrita por una asamblea constituyente fue rápidamente reemplazada por una versión paternal en 1826 cuyo autor fue “el libertador” Simón Bolívar. Mientras Bolívar en teoría se guiaba por nociones igualitarias basadas en la filosofía de Jacques Rousseau y Bartolomé de las Casas, sus guerras de la independencia liberaron a los criollos del yugo español y nunca permitieron –por lo menos no inicialmente- la participación del pueblo nativo en esta refundación libertadora. La evidencia de esto es que la constitución de 1826 impuso el requisito de que todos los aptos para la votación sean propietarios de tierras que además hablen castellano y sepan leer y escribir, excluyendo efectivamente a las mujeres y los pueblos indígenas, es decir, al 80% de la población. Los indígenas tenían aversión al aprendizaje de la lengua castellana debido a la práctica colonial que extraía los ojos de cualquier indio que aprendiera a leer.

Bolivia, país cuyo nombre viene de Bolívar, tiene una tumultuosa historia que incluye 18 reformas constitucionales. No es sorprendente entonces que la constitución de Bolívar fue reemplazada en 1831 por las primeras dictaduras militares. Luego, en 1880, hubo una Asamblea Constituyente seguida de la Guerra del Pacífico, donde se adoptó una legislación bi-camaral. Desafortunadamente, la constitución de 1880 de manera intencional continuó con la imposición de los requisitos de ciudadanía basados en el manejo de la lengua española y en el saber leer y escribir, lo que dio continuidad a la exclusión la mayoría de la población indígena. Mucho después la Revolución de 1952 tuvo a los indígenas luchando en las primeras líneas, y finalmente el proceso revolucionario dio como mandato a la Asamblea Constituyente de 1961 la adopción del sufragio universal.

Por lo tanto, la protesta social y el uso de la asamblea constituyente como recurso para el reordenamiento de la sociedad boliviana no es un concepto novelesco. Mientras Rafael Loayza, representante del actual partido opositor PODEMOS, remarcó que la constitución es un simple documento que no hará nada para cambiar las relaciones entre la gente o resolver problemas, la historia ha probado lo contrario. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente de 1938 constitucionalizó la organización del trabajo y el contrato colectivo, lo que ayudó a establecer los sindicatos de mineros y campesinos que garantizaron luego el triunfo de la revolución de 1952.

Los actores de los movimientos sociales que participaron en las luchas de la Guerra del Gas y de Febrero Negro de 2003, demandaron una asamblea constituyente que refunde el país para que sea más representativo de las mayorías indígenas. La inoperancia de Carlos Mesa, Presidente en aquel entonces, para convocar a una asamblea constituyente satisfactoria aceleró su renuncia, y lo que queda claro de todo esto, por la historia y por las conversaciones con los bolivianos con quienes nos reunimos, es que la demanda popular que exigía una asamblea constituyente tuvo que ser introducida obligatoriamente en el programa del Presidente Morales, lo cual, según algunos afirman, garantizó su triunfo.

La victoria de Evo Morales, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), en las elecciones presidenciales de 2005, se realizó con 54% de voto popular, un porcentaje realmente impresionante y sin precedentes. El Presidente Morales enfocó sus esfuerzos en la convocatoria de la Asamblea Constituyente con el firme propósito de revisar la constitución para “transformar la herencia del colonialismo y del neoliberalismo en una patria para todos.” Con ese objetivo fue promulgada la Ley 3364 de convocatoria a la asamblea constituyente, ley que descarta categóricamente barreras elitistas; por ejemplo, no existieron requerimientos educacionales para ser asambleísta. Como resultado, la oposición minoritaria blanca ha luchado para mantener el control mediante la construcción de una serie de barreras políticas procedimentales. El conflicto inicial del congreso fue sobre cuántos delegados deberían representar a los nueve “departamentos” (regiones) de Bolivia, y este problema tardó varios meses en resolverse, tanto que la Asamblea Constituyente de 2006 no empezó hasta después de siete meses de que Morales llegó a la presidencia. Finalmente, los delegados fueron elegidos por medio de dos procesos distintos, ambos por un criterio territorial de cada departamento, “circunscripción”, y un método basado en la población. Los delegados pertenecen a partidos políticos como también a representantes de los movimientos sociales o de los pueblos indígenas. El partido MAS ganó con un 54% obteniendo la mayoría de asambleístas, en tanto que el partido de oposición PODEMOS obtuvo el 24%.

El resultado fue una gran diversidad de delegados, hecho nunca antes visto en otros procesos constituyentes en Bolivia, y ya se observan cambios en la infraestructura jurídica y social. Pero el ala conservadora del congreso levantó otro bloqueo cuestionando la base legal de la asamblea para reescribir la constitución. Ignacio Mendoza Pizarro, asambleísta y Primer Secretario del Comité Ejecutivo de la Asamblea Constituyente, señaló que la Asamblea tiene un poder “originario”. Mientras la Corte Suprema emitió una opinión pre-asamblea que indica que los delegados deben trabajar basándose en la presente constitución (1967), el Sr. Pizarro, de oficio abogado, informó a nuestra delegación que el hacer a un lado esa opinión fue una de las primeras medidas de la Asamblea. Nos aseguró también que la Asamblea tiene toda la atribución legal para reescribir la constitución y que ninguno de los tres poderes del gobierno interferirían en este proceso. El Sr. Mendoza Pizarro atribuyó la opinión de la Corte a un intento para atemorizar y debilitar los cambios. En una palabra, la Corte está adhiriéndose a la vieja estructura.

Los sectores de derecha, compuestos por gente proveniente de áreas con vastos recursos naturales como Santa Cruz, van perdiendo su poder nacional tanto por la elección del Presidente Morales como también por la realización de la Asamblea Constituyente.

Posiblemente reconociendo este temor político el Presidente Morales ofreció, con la Ley 3365, la elección de los delegados para la Asamblea Constituyente en un Referéndum que incorporó una pregunta acerca de las autonomías departamentales. Los departamentos ricos en recursos naturales desean autonomía porque de esta manera pueden mantener eficazmente los ingresos generados por estos recursos dentro de sus fronteras. Cuatro de los nueve departamentos votaron por la autonomía departamental; empero los otros cinco departamentos, con fuerte convicción política por la nacionalización de los recursos naturales y cuya mayoría es indígena, siguen siendo la mayoría. El mandato para trabajar en los detalles de esta descentralización se ha dejado a la Asamblea Constituyente.

Durante el tiempo que la delegación estuvo en Bolivia el debate sobre cuestiones procedimentales en la Asamblea continuó siendo más importante que las discusiones de cambio sustantivo. Por casi cinco meses, la Asamblea se ha estancado en la interpretación del artículo 25 de la Ley 3091 de convocatoria a la Asamblea: “la Asamblea Constituyente debe aprobar el texto de la Nueva Constitución con dos tercios de los votos de los miembros presentes en la Asamblea.” La posición del MAS es la de abogar por una mayoría simple de todos los votos, salvo el texto definitivo, y esto probablemente se debe a la cantidad de sus representantes que sobrepasan la mitad del total: 142 de 255. PODEMOS, el principal partido de la oposición, dice que el texto completo requiere de la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar cualquier resolución o artículo de revisión y no sólo el texto final. El problema se ha visto exacerbado por una opinión no solicitada del Presidente de la Corte Suprema el 4 de octubre, cuando declaró que la Asamblea Constituyente está obligada a atenerse a un procedimiento constitucional utilizado en otros cuerpos electos, en los que la lógica de los dos tercios es necesaria para la revisión de todos y cada una de las resoluciones o artículos
Evidentemente al Presidente Morales no le gustó esta opinión, y ya había sustituido a cuatro de los Magistrados el primer día de nuestra llegada a Bolivia. (Uno de sus asesores jurídicos explicó que estos recesos eran de carácter temporal y que eventualmente serían ratificados por el Congreso.). Cuando nuestra visita se acercaba a su fin, la Asamblea aún no había decidido sobre las cuestiones procedimentales y, por lo tanto, no hemos podido ser testigos de la discusión de cuestiones de fondo en la Asamblea durante nuestra estadía en Sucre, capital constitucional de Bolivia.

No obstante, la delegación tuvo la fortuna de haber conversado con Gisela López, la representante nacional del REPAC, organización fuerte e independiente encargada de recolectar, revisar y devolver las más de 100 propuestas presentadas por los partidos políticos para la discusión durante la Asamblea. La Sra. López fue de la opinión de que hay más cosas en común que diferencias entre los bolivianos, porque se encontraron plataformas de mucho consenso. Si bien la Asamblea ha pasado varios meses sumida en el debate sobre cuestiones de procedimiento, la Sra. López cree que se puede avanzar en temas de fondo debido a la labor de la REPAC que intenta reducir los problemas. La Sra. López citó la autonomía departamental como el aspecto más controversial de la Asamblea e indicó que la reforma agraria y la nacionalización de los recursos naturales, especialmente de los hidrocarburos, son los próximos temas importantes a ser tratados. Sin embargo, la Autonomía departamental es un caso diferente debido a que se la votó en un referéndum popular. Entonces la Asamblea debe abordar esta cuestión pues cuatro de los nueve departamentos prefieren el control regional antes que el nacional. Después de la Asamblea el REPAC fue designado para “socializar” la Constitución velando que todos, tanto los bolivianos como los inversionistas extranjeros, puedan familiarizarse con la nueva estructura de gobierno. Lamentablemente, el REPAC se disolvió poco después de que nuestra delegación regresó a Estados Unidos y el Presidente Morales creó una organización con funciones similares que, en este momento, es únicamente aliada del MAS.

No obstante, la delegación tuvo la fortuna de haber conversado con Gisela López, la representante nacional del REPAC, organización fuerte e independiente encargada de recolectar, revisar y devolver las más de 100 propuestas presentadas por los partidos políticos para la discusión durante la Asamblea. La Sra. López fue de la opinión de que hay más cosas en común que diferencias entre los bolivianos, porque se encontraron plataformas de mucho consenso. Si bien la Asamblea ha pasado varios meses sumida en el debate sobre cuestiones de procedimiento, la Sra. López cree que se puede avanzar en temas de fondo debido a la labor de la REPAC que intenta reducir los problemas. La Sra. López citó la autonomía departamental como el aspecto más controversial de la Asamblea e indicó que la reforma agraria y la nacionalización de los recursos naturales, especialmente de los hidrocarburos, son los próximos temas importantes a ser tratados. Sin embargo, la Autonomía departamental es un caso diferente debido a que se la votó en un referéndum popular. Entonces la Asamblea debe abordar esta cuestión pues cuatro de los nueve departamentos prefieren el control regional antes que el nacional. Después de la Asamblea el REPAC fue designado para “socializar” la Constitución velando que todos, tanto los bolivianos como los inversionistas extranjeros, puedan familiarizarse con la nueva estructura de gobierno. Lamentablemente, el REPAC se disolvió poco después de que nuestra delegación regresó a Estados Unidos y el Presidente Morales creó una organización con funciones similares que, en este momento, es únicamente aliada del MAS.

En uno de los más memorables encuentros la delegación, cuando preguntamos a la Sra.
López acerca de la representación femenina en la Asamblea, ella reconoció que la igualdad que habíamos esperado entre los bolivianos no se ha logrado, porque “sólo” 85 de los 255 delegados eran mujeres. Cuatro redes nacionales, cada una compuesta por decenas de organizaciones independientes y entidades sin fines de lucro, se unieron para formar la organización “Mujeres en la Asamblea Constituyente”, organización que reúne materiales históricos, plantea propuestas en beneficio de las mujeres y mantiene notoria presencia en Sucre. Respecto a la presencia femenina en este proceso constitucional es necesario destacar que Silvia Lazarte Flores, representante indígena del MAS de Cochabamba, es la Presidenta de la Asamblea.

En nuestro encuentro con los miembros del Comité Ejecutivo Mendoza y Weimar Becerra Ferreira, Sexto Secretario y delegado indígena representante de la región Amazónica respectivamente, pudimos palpar la diversidad de la Asamblea. Mientras que el refinado abogado Mendoza discutía el seco problema del procedimiento, el pequeño propietario de tierras amazónico exponía las cuestiones ambientales con una intensa pasión. Como en el caso de cualquier población, en particular en una tan grande como la de los indígenas bolivianos, las distintas creencias de los varios grupos no pueden ser encasilladas en un sólo monolito. Por ejemplo, los actuales debates sobre la reforma agraria han separado a ciertas poblaciones indígenas de Bolivia. Mientras que los grupos del este se benefician del interés medioambiental internacional sobre la preservación de la selva amazónica y tratan de mantener la propiedad privada de la tierra para fomentar el turismo ecológico y los beneficios de sus empresas locales, los grupos políticos más radicales usurpan estas tierras a diario utilizando la agricultura de tala y quema, en su creencia de que la tierra es legítimamente suya. Con todo, a pesar de la falta de progreso en la Asamblea más allá del debate sobre cuestiones de procedimiento y de la carencia de convergencia en todos los temas, los delegados expresaron un optimismo casi unánime sobre su futuro.

Si bien parece que los ricos blancos del partido neoliberal minoritario PODEMOS han trabajado diligentemente en aumentar el bloqueo procedimental de los avances al interior de la Asamblea durante cada sesión, el representante Rafael Loayza aseguró a la delegación que a su partido le interesa que la Asamblea sea un lugar donde todas las personas se vean como bolivianos, y no como blancos contra indígenas. PODEMOS cree que el Presidente Morales está fomentando una división étnica injustificada argumentando la opresión histórica de los pueblos indígenas por la clase alta enriquecida de ascendencia colonial. El Sr. Loayza supone que es posible hablar del mantenimiento de la situación actual de Bolivia y de una mayor unidad de Bolivia con el mismo aliento.

Poco después de que la visita de la delegación terminó, el MAS acordó con PODEMOS la resolución del debate procedimental, aceptando la complicada fórmula de la votación de aprobación por dos tercios de mayoría como requerimiento para los temas de mayor importancia hasta el 2 de Julio de 2007 (los de menor importancia se votaran en comités), y a partir del 3 de Julio de 2007 todos los votos requerirán aprobación mayoritaria. De allí en adelante un tema “conflictivo” no resuelto por el voto de los dos tercios será resuelto en un referéndum nacional. Debido a su mayor complejidad los temas más problemáticos, como autonomía departamental y reforma agraria por ejemplo, necesitarán aprobación nacional. La importancia de este compromiso no puede comprenderse: durante el encuentro de nuestra delegación con el Sr. Loayza a principios de enero, el abismo entre los dos partidos más importantes parecía tan grande que éste no creía que el consenso fuera una posibilidad política. Sin embargo, este acuerdo no se ve como un consenso, sino como una pérdida para el MAS.

En virtud de la Ley de Convocatoria, el plazo de duración de la Asamblea es de sólo un año. Pero son necesarios por lo menos 6 meses para resolver un sinnúmero de problemas de fondo al interior de este organismo increíblemente diverso. No obstante, como en los Estados Unidos, la mayoría de los debates se producen en comisiones; de hecho, el asambleísta Mendoza nos comentó que algunos delegados se estaban quejando de que estarían obligados a cruzar los brazos y nada más. Es probable que este sistema sirva para que el proceso avance, especialmente para dar luz a la cercana dominación del MAS en la Asamblea, lo que potencialmente podría llevar a ampliar el debate y obstruir cualquier cuestión que no esté dentro de su programa. Además, el sentimiento general en Sucre es que el plazo de la Asamblea se prorrogará por un año con el fin de concluir su enorme tarea. Después de que el documento esté redactado en última instancia será sometido en su totalidad a un referéndum en el plazo de 180 días. La delegación espera con interés el progreso de la Asamblea y la producción de este documento en junio de 2007 o 2008. VII. EX PRESIDENTE GONZALO SÁNCHEZ DE LOZADA La delegación NLG, se encontró con el Comité Impulsor, un grupo de abogados y activistas quienes trabajan por la extradición del ex-presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni). Rogelio Mayta, el abogado a mando, nos explicó los antecedentes históricos del caso para la extradición.

El 2003, Goni anunció la venta a gran escala de las reservas de gas natural de Bolivia a los Estados Unidos lo cual despertó protestas y bloqueos de caminos en varios lugares del país. Goni envió al ejército para levantar los bloqueos con una operación militar que terminó con la masacre de ocho personas del Altiplano en el pueblo de Sorata.

En lugar de calmar la protesta, la acción del gobierno provocó más paros, bloqueos y huelgas de hambre, acciones que bloquearon efectivamente el suministro de gas a la capital. Por decreto, Goni ordenó a sus militares reprimir brutalmente todas las protestas, aparentemente con el objetivo de llevar gas a la capital. Así se desató una ola de ataques militares contra los indígenas y la plebe en general entre septiembre y octubre de 2003, y al final de la represión 67 personas habían sido asesinadas. Sin embargo, el levantamiento popular continuó con mayor intensidad y Goni se vio obligado a huir del país. Se afirma que en su camino a los Estados Unidos el derrocado presidente tomó 1.5 millones de dólares del Tesoro General de la Nación.

El Doctor Mayta destacó el enorme trabajo que ha significado el procedimiento de extradición, trabajo que incluyó la revisión de cientos de documentos, órdenes y decretos firmados por Goni, y también de documentos militares no clasificados. Aparte de esto, más de 100 testigos han declarado en procedimientos judiciales. Según lo dispuesto en la legislación boliviana, dos tercios del Congreso aprobaron la acusación de genocidio y homicidio a Goni, entre otros cargos, demostrando de esta manera el amplio respaldo en Bolivia para su extradición. Durante nuestra visita, Bolivia ha continuado solicitando oficialmente la extradición. Además de Goni, el Comité también pide el procesamiento de los ex jefes de las fuerzas armadas y los miembros de su gabinete.

Mayta también describió la posible defensa que Goni utilizaría frente a la extradición, afirmando que ahora el esfuerzo de traerlo al país es una revancha personal de Evo Morales y no un legítimo tema judicial, por lo que se invoca la excepción de que gozan los delitos políticos como defensa a cualquier solicitud de extradición. Esta excepción sostiene que uno no debe ser extraditado debido a delitos cometidos en peleas políticas, a diferencia de los delitos comunes. Empero, existen algunas dudas en cuanto a si la masacre de una población civil encaja en esta excepción.

Desde la visita de nuestra delegación, la Corte Suprema de Bolivia ha declarado a Goni “en rebeldía”, es decir que ha desacatado al tribunal, y la misma dictó una orden para él y para sus dos de sus ex ministros, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindogue, por los delitos de homicidio, genocidio, asalto con lesiones corporales graves y otros.

Nuestra delegación también tuvo un emotivo encuentro con los miembros de la asociación de familiares de las victimas de la guerra del gas. Una persona describió cómo su esposo fue asesinado mientras dormía en su casa. Los miembros de la asociación nos mostraron las tumbas de sus familiares asesinados y personalmente señalaron las zonas de su ciudad donde las tropas bolivianas atacaron a la población local.

Juan Patricio Quispe Mamani, quien habló en nombre de la comisión, pidió a la delegación que replicara sus historias en los Estados Unidos para ayudar a la campaña para extraditar a Goni. Hizo hincapié en que ningún monto de dinero de la restitución traerá de vuelta a sus seres queridos y quieren que Goni pague por sus crímenes en Bolivia.

La administración Bush se ha negado a entregar la notificación de los procedimientos de extradición a Goni y muchos bolivianos creen que sólo la solidaridad de la gente dentro de los EEUU obligará al gobierno norteamericano a cumplir con su demanda de extradición. Mayta, del Comité Impulsor, explicó que los poderosos intereses de los Estados Unidos por proteger a Goni se deben a su estrecha relación empresarial y personal con la familia Rockefeller. Además, el asesor de la campaña de Bill Clinton, James Carville, trabajó en la campaña electoral de Goni y actualmente el derrocado ex-presidente recibe el asesoramiento del abogado Greg Craig, quien defendió a Clinton durante el escándalo de Mónica Lewinsky.

Los bolivianos también creen que los Estados Unidos tienen razones políticas para oponerse a la extradición de Goni. El gobierno de Morales ha asegurado que gran parte de los ingresos del petróleo y el gas se mantendrán en el país para el beneficio público. Estos ingresos financian escuelas y la salud de los niños, en lugar de beneficios para las empresas transnacionales. El gobierno también ha aprobado recientemente un proyecto de ley de reforma agraria y hay planes para llevar a cabo algún tipo de nacionalización en el sector minero. Los bolivianos creen que los Estados Unidos se oponen a estas nuevas reformas y pueden tratar de obstaculizar el proceso de extradición para debilitar políticamente al gobierno de Morales.

Lo que resulta claro es que, en definitiva, el pueblo boliviano está decidido a que Sánchez de Lozada, a diferencia del dictador chileno Augusto Pinochet, no escape y enfrente a la justicia. VIII. LOS ESTADOS UNIDOS Y BOLIVIA En 1823, dos años antes del establecimiento de la República de Bolivia, el Presidente de los Estados Unidos James Monroe proclamó lo que se conoce como la Doctrina Monroe en su Estado de la Unión. Dicha doctrina señalaba que las potencias europeas ya no deben colonizar o interferir con los asuntos de las naciones de los americanos; es decir que, en esencia, lo que se estaba planteando era que América Latina solamente tendría como esfera de influencia a los EE.UU. Hasta la fecha, casi 200 años más tarde, los Estados Unidos no han vacilado en sus esfuerzos por garantizar su dominio en todo el continente.

Como su método preferido es el de mantener el control, durante gran parte del siglo XX Washington ha patrocinado y promocionado a distintos gobiernos, incluyendo dictaduras militares y regímenes autoritarios. Los Estados Unidos intervinieron militarmente al menos 80 veces en América Latina desde la proclamación de la Doctrina Monroe. En el caso boliviano, las administraciones norteamericanas enviaron Boinas Verdes y la CIA realizó varios operativos para encontrar y asesinar al Che Guevara y al naciente movimiento revolucionario de la década de los 60’s.

Gran parte del control de los Estados Unidos en Bolivia a lo largo del siglo pasado se lo ha ejercido a través del uso de la ayuda extranjera. La ayuda externa de EE.UU. a Bolivia se inició en la década de 1940. Con la mayor parte de la ayuda exterior a Bolivia en forma de préstamos en lugar de subvenciones, Bolivia se sumó rápidamente el grupo de países más endeudados. A su vez este endeudamiento condujo a la dependencia de los prestamistas extranjeros.

Durante la década de los años 80’s la mayor fuente de ingreso de divisas en Bolivia fue el estaño. Pero en 1985 el mercado mundial del estaño se derrumbó y Bolivia tuvo que emitir más dinero para pagar sus gastos lo que tuvo como resultado la hiperinflación. El país andino, siempre en deuda con sus acreedores extranjeros, se convirtió así en un campo experimental para probar las políticas neoliberales de austeridad del Banco Mundial y el FMI. Numerosas empresas del sector público fueron privatizadas y se legislaron reformas estructurales orientadas al mercado y a la inversión privada; de este modo la propiedad extranjera de las empresas se convirtió prácticamente ilimitada. Lo llamativo es que a pesar de estas medidas los flujos de inversión extranjera disminuyeron y no hay crecimiento económico del que hablar. Según Mark Weisbrot, del Centro de Investigación de Economía y Política, para el 2005 los ingresos por persona eran menores de lo que habían sido en 1978, “un resultado relativamente raro en la historia de las sociedades modernas”. Durante ese mismo tiempo, el PIB per cápita (medido en paridad de poder adquisitivo) para los países en desarrollo en su conjunto casi se había duplicado.

Aunque Bolivia ha sido considerado un país modelo en la realización de las reformas estructurales altamente recomendadas por las instituciones de crédito multi-laterales, el FMI reconoció el fracaso total de este programa en su informe de abril de 2005 sobre Bolivia. Allí los autores se pronunciaron sobre el “rompecabezas” boliviano: “un país percibido como uno de los mejores registros de la reforma estructural en América América había experimentado un lento crecimiento per cápita y prácticamente no realizó ningún progreso en la reducción de la pobreza basada en las medidas de ingresos.”

La intervención de EE.UU. en Bolivia también se visibiliza en el condicionamiento de ayuda a cambio de erradicación de la hoja de coca. Como todos saben, durante siglos la hoja de coca de Bolivia se ha utilizado en rituales tradicionales y para reducir el hambre, pero durante los años 70 y 80 el surgimiento de la demanda mundial de cocaína -especialmente en los Estados Unidos- y la falta de otros mercados para los agricultores bolivianos dieron lugar a la expansión de los cultivos de coca.

Después de años de apoyar a gobiernos oligárquicos, incluyendo a gobiernos militares corruptos, Washington cambió de estrategia a mediados de los años 80 y comenzó a financiar programas de “promoción de la democracia” en Bolivia y en toda la región.

William I. Robinson, profesor de sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara, afirma que esta promoción de la democracia es realmente la promoción de la poliarquía. Se trata de un sistema “en el cual un pequeño grupo funciona, y la participación masiva en la toma de decisiones está confinada a la elección de líderes en elecciones que están cuidadosamente gestionadas por elites competitivas”. Los movimientos democráticos de masas populares que buscan el verdadero cambio político, social y económico no están posibilitados de poner un pie en el gobierno. Tal sistema permite a estos lideres, “elegidos democráticamente”, llevar a cabo un programa económico y social que pone a la región disponible a la injerencia extranjera, asegurando el funcionamiento del capitalismo global y de los “libres mercados”.

Si existe alguna pregunta sobre el papel de Estados Unidos en Bolivia y el efecto de sus políticas, sólo necesitamos examinar las elecciones presidenciales de 2002. En esa elección, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni), arquitecto de la “terapia de choque” utilizada en Bolivia en 1985 cuando fue ministro de planificación en el gobierno de Paz Estenssoro cuyo mérito fue el de haber diseñado la reestructuración neoliberal del estado boliviano, compitió contra de Evo Morales, del partido MAS, y contra Manfred Reyes Villa, prefecto de Cochabamba y líder del partido NFR. Goni había sido presidente de 1993 a 1997, cuando privatizó la mayoría de las empresas de estatales. Creció y se educó en los Estados Unidos y trajo a James Carville, amigo de Clinton y consultor de la firma Greenberg Carville Shrum, para trabajar en su entorno durante las elecciones a fin de ganar votación al estilo estadounidense mediante el uso de tácticas negativas de campaña. Goni ganó la elección por un pelo y el gobierno norteamericano no tuvo que financiarle: Goni era un exitoso hombre de negocios y ya en el campamento de los EEUU podía pagarse se propia campaña.

Sin embargo, para sorpresa de la mayoría, Goni no duró mucho tiempo en el cargo. Sólo meses después, cientos de miles de personas participaron en marchas masivas y bloqueos a nivel nacional en respuesta a los planes de exportar gas natural boliviano a los Estados Unidos a través de Chile a precios bajos. Después de la intervención militar ordenada por el gobierno, que provocó la muerte de 67 personas y 400 heridos, las presiones populares consiguieron la renuncia de Goni, quien huyó del país rumbo al norte.

Robinson escribe: “a partir de ese momento se invirtieron millones de dólares para financiar y organizar desacreditados partidos políticos tradicionales y promover líderes indígenas moderados que podrían contrarrestar a los más radicales. La inversión de millones también se hizo para desarrollar organizaciones cívicas controladas por las elites, organizaciones que tienen el objetivo de competir con los movimientos sociales. El dinero se canaliza a través de la cuasi-gubernamental ayuda de EE.UU. mediante el National Endowment for Democracy (NED), que a su vez financia entidades como el Nacional Democratic Institute for International Affairs (NDI), y el International Republican Institute (IRI), las cuales promueven económicamente programas que intentan fortalecer supuestamente a la sociedad civil”. Reed Lindsey escribe para la Comisión de América del Norte sobre América Latina, y dice que este dinero se utiliza “para reconstruir partidos políticos desacreditados, para socavar los movimientos populares independientes, para animar a líderes indígenas maleables con un poco de apoyo popular y para disuadir a los bolivianos de que manifiesten un mayor derecho de propiedad sobre sus recursos naturales”. Según Robinson, la USAID gastó nada menos que $ 11,8 millones en Bolivia para esos fines durante 2004 y 2005. Pero a pesar de todo el dinero gastado en apoyo de los partidos cómplices de Estados Unidos, el dirigente sindical cocalero Evo Morales fue elegido presidente en diciembre de 2005 por voto de la mayoría popular.

Tras un año de la asunción del MAS, Morales ha mostrado su voluntad de buscar cierta independencia respecto a Estados Unidos y el FMI. En marzo de 2006 el gobierno boliviano dejó que su convenio con el FMI expire y rápidamente utilizó su nueva libertad para renegociar sus contratos de gas en beneficio propio. En diciembre de 2006 Bolivia fue sede de la Cumbre de Jefes de Estado de Sud América en la ciudad de Cochabamba. Buscando promover la integración regional, así como la participación de los movimientos sociales en la vida pública de toda la región, los gobiernos allí reunidos apoyaron oficialmente a la “Cumbre Social por la Integración Popular” (con la participación de 5.000 representantes de base) que se estaba llevando a cabo al mismo tiempo.

David Choquehuanca, Ministro de Relaciones Exteriores, manifestó a nuestra delegación: “estamos profundizando la democracia. Estamos democratizando la democracia. Y queremos que los EE.UU. nos apoyen en estos cambios.” Otros personajes, como el líder de la Guerra del Agua de Cochabamba Oscar Olivera, han rechazado invitaciones para participar en el gobierno de Morales y reconocen los límites de lo que el nuevo gobierno puede hacer. Olivera señaló: “la única manera de cambiar la vida para el pueblo de Bolivia es luchar por el cambio social. El poder real y la capacidad real todavía sigue siendo de la gente.” Con todo, si Bolivia será capaz de conquistar una verdadera independencia de los Estados Unidos está todavía por verse. IX. LOS COCALEROS El pasado mes de septiembre, durante su discurso ante las Naciones Unidas, Evo Morales enseñó una pequeña hoja de coca. “Esta es la hoja de coca”, dijo, dirijiendose a la Asamblea General. “Es de color verde. No es blanca como la cocaína “.

Para Nelson Carvajal, con quien nos reunimos durante nuestra visita, esta pequeña hoja, de color verde pálido, es una fuente de inspiración espiritual y fuerza física. También simboliza el futuro de Bolivia. Nelson trabaja con los cocaleros (productores de coca) en la promoción de sus derechos. Reynaldo Calcina, quien también se reunió con nosotros, es el alcalde de Asunta, un pequeño pueblo en el altiplano de La Paz. Representa a los ocho municipios de los Yungas cocaleros.

Nelson y Reynaldo no lo mencionaron, pero al parecer los cocaleros de Yungas reciben un trato preferencial en la Ley 1008, una ley draconiana para el control de drogas promulgada bajo la presión de la administración Reagan. La Ley permite el cultivo legal de coca para uso tradicional y doméstico en 12.000 hectáreas (30.000 acres), principalmente en los Yungas. El resto queda en el Chapare, otra gran región de cultivo de la coca en Bolivia. Bajo la Ley 1008 otros cultivos de coca están “en transición” que, según la interpretación común, significa que se deben erradicar.

Las personas que cultivan la coca ilegal están sujetas a penas de cárcel que puede superar el mandato de los 30 años límite de la Constitución boliviana. Teníamos la impresión de que los cocaleros del Chapare y los Yungas tenían mayores ventajas bajo esta ley. Pero no es así, de acuerdo con Nelson y Reynaldo es debido a una política adoptada el 2004 por el gobierno de Carlos Mesa que se cedió a los cocaleros del Chapare el derecho del cultivo legal de un “cato” de coca (1.600 metros cuadrados).

Reynaldo, un aymara boliviano de suave voz se centró en la historia de la coca. Los aymaras y los quechuas la han cultivado hace miles de años haciéndola parte de su cultura y su vida espiritual. Pero esto cambió con la llegada de los españoles.

“Los españoles”, nos dijo Reynaldo, “nos esclavizaron para trabajar en las minas y las plantaciones, viéndonos como animales que trabajaban todo el día a base de coca”.

Desde entonces la coca ha sido vista a través de ojos occidentales como una droga nociva. Nelson y Reynaldo quieren que esto cambie. Están involucrados en la Campaña Coca y Soberanía, una campaña que quiere restablecer el rol principal de la coca en la vida boliviana con planes para introducir en el mundo productos sanos y orgánicos elaborados a base de esta hoja. Para lograr dicho objetivo, los cocaleros deben enfocarse en sistemas integrales de cultivos, es decir, introducir otros cultivos junto con sus plantas de coca. La agricultura integral es una tradición que promueve un ecosistema sano. Limitar la producción asegurará la calidad evitando la agricultura a gran escala que daña el medio ambiente. Sin embargo, no todo está bien con el cultivo de coca. Es un cultivo que está sometido a crecientes problemas ambientales y plagas. Pero otros aspectos hacen que valga la pena: tradiciones como las celebraciones de la comunidad durante la cosecha, la rentabilidad y su valor potencial para la exportación.

Además de la promoción sobre las bondades del cultivo y la preservación de las tradiciones cocaleras, a Nelson le gustaría que despenalicen la hoja de coca. Empero un gran obstáculo se interpone en el camino: la Convención de 1961 de la Organización de Naciones Unidas sobre Estupefacientes, que coloca a la hoja de coca en el mismo lugar que la morfina, y la sujeta, junto con la heroína, a un control estricto. Quienes firmaron la Convención de 1961 (incluidos la mayoría de miembros de la ONU) tienen la obligación, bajo ley internacional, de tipificar como delito el cultivo, y no así el uso científico o medicinal de las hojas de coca. Un ejemplo de cuán draconianas son estas restricciones impuestas por la ONU, es el hecho de que en una ocasión agentes de aduanas en el Ecuador confiscaron productos inocuos a base de coca (mate, harina, pasta), que cocaleros bolivianos habían enviado a un periodista de National Geographic quien quería fotografiar estos productos para un artículo.

Nelson tiene expectativa en la reunión del Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas, el cual se reunirá el 2008 en Viena, donde los países miembros volverán a revisar la Convención de 1961. Él y sus compañeros cocaleros, y cocaleras, los organismos gubernamentales en países de cultivadores de coca, la Unión Europea, activistas y Organizaciones No Gubernamentales, han elaborado algunos avances que proponen la eliminación de la hoja de coca del Apendice I de drogas peligrosas de la Convencion de 1961.

El gobierno boliviano ha pedido a la Organización Mundial de la Salud que realice un estudio sobre el valor nutricional y medicinal de la hoja de coca (un estudio de 1975 en la Universidad de Harvard llegó a la conclusión de que el contenido nutricional de 100 gramos de hoja de coca supera los requerimientos diarios recomendados por los EE.UU. de calcio, hierro, fósforo, vitamina A y riboflavina). Actualmente se están elaborando productos como harina, crema dental y cosméticos a base de coca. China quiere importar mate de coca y el Parlamento de la Unión Europea aportó con 420.000 euros a un estudio para determinar el potencial comercial de la hoja.

Pero a pesar de la abrumadora evidencia de los beneficios de la hoja de coca, y a pesar del apoyo de todo el mundo, EE.UU. mantiene firme su oposición y podría muy bien utilizar su influencia para mantener la coca en el Apéndice I de la Convención de 1961. No obstante, usando una frase de Brasil, los partidarios de la hoja podrían ser capaces de dar um jeito (encontrar la manera) sobre la oposición de EE.UU. y eludir la Convención de 1961 en lo que respecta al consumo de los productos elaborados a base de coca. X. REFORMA AGRARIA La propiedad de los recursos naturales es un tema que la delegación NLG encontró durante toda su visita. Muchos de los bolivianos que hablaron con la delegación hicieron referencia a cuestiones relativas al acceso al agua, la reforma agraria y la nacionalización del gas y del petróleo.

Gisela López del REPAC, una comisión apartidaria e independiente encargada de facilitar la labor de la Asamblea Constituyente, explicó a la delegación que uno de los principales puntos de controversia entre el gobierno y la oposición es el tema de la reforma agraria. López dijo a la delegación que las mejores tierras productivas del país estaban en manos de pocos grandes propietarios de tierras, mientras que muchos pobres e indígenas no tienen tierra.

Para corregir esta desigualdad el gobierno de Evo Morales aprobó una Ley de Reforma Agraria en noviembre de 2006. La Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria amplió y fortaleció a una institución nacional creada anteriormente, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), para supervisar la nacionalización de las tierras que se encuentren bajo jurisdicción de esta nueva ley.

El artículo 28 de esta nueva ley de reforma agraria permite la nacionalización sin indemnización de las tierras sin beneficio al interés colectivo nacional. Sin embargo, el artículo 33 pide un nivel de compensación comercial para la mayoría de las tierras nacionalizadas. La nueva ley apunta principalmente a la redistribución de tierras improductivas o cuyos títulos fueron obtenidos ilegalmente. A través de los años muchas extensiones de propiedad de tierras de gobiernos anteriores cayeron en manos privadas por prácticas corruptas. Además, muchas de las tierras fueron usurpadas a los pueblos indígenas mediante el fraude y el engaño. En la parte oriental del país hay propietarios con enormes propiedades (“latifundios”) que poseen amplias extensiones de tierras inactivas. La nueva ley precisamente tiene el objetivo de redistribuir a los indígenas y pequeños campesinos de Bolivia estas tierras improductivas o ilegalmente obtenidas.

La nueva ley de reforma agraria, junto con la nacionalización de los hidrocarburos, ha provocado fuerte reacción entre los partidos de oposición, como PODEMOS, cuya base social está en las clases ricas de los terratenientes del oriente boliviano. Rafael Loayza de PODEMOS habló con la delegación acerca de la total división entre el gobierno y la clase terrateniente oriental, centrada en la ciudad de Santa Cruz, sobre la temática concerniente a la tierra. Loayza describió cómo los empresarios blancos en la ciudad de Santa Cruz estaban interesados en la preservación de sus riquezas ante los intentos del gobierno de redistribuir los recursos del país de una manera más equitativa. Describió cómo el movimiento para preservar la riqueza de las elites ha impedido que los pueblos indígenas se trasladen a Santa Cruz, y cómo se conformó un movimiento por la autonomía en las provincias orientales del país. El movimiento por la autonomía se considera generalmente como un intento para obstaculizar la reforma agraria y otros programas redistributivos del gobierno.

No obstante, el gobierno de Morales parece decidido a llevar a cabo la reforma agraria. Cuando esta nueva ley fue aprobada en noviembre pasado el presidente Evo Morales declaró: “La era del gran latifundio se ha terminado. Ahora tenemos las herramientas para poner fin al gran latifundio [privado] en Bolivia”. La reforma agraria, junto con otros programas de redistribución de la riqueza, se encuentran en el corazón de la agenda de la administración de Morales y parece que el gobierno alentado por los movimientos sociales seguirá promulgando un acceso más igualitario a la tierra para todos los bolivianos.