El Gremio Nacional de Abogados cuestiona las reiteradas declaraciones de prensa del Centro Carter en relación con las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. El Centro emitió una declaración pública menos de 24 horas después del cierre de las urnas en la que pedía al gobierno venezolano que publicara inmediatamente los resultados electorales de cada centro electoral en todo el país. Como abogados y académicos, sabemos que esfuerzos como el monitoreo electoral deben hacerse con cuidado y cautela, y el Centro Carter ha fallado en ambos aspectos.
Parece que la dirección del Centro Carter se ha desplazado hacia la derecha en los últimos años, lo que ha afectado a su labor general en Estados Unidos y en todo el mundo. La nueva directora ejecutiva del Centro, Paige Alexander, trabajó durante más de 15 años para la USAID, ahora llamada “la nueva CIA”. También forma parte de la junta del capítulo sudeste de la ampliamente desacreditada Liga Antidifamación, que tan recientemente como en 2017 aconsejó a la policía local que plantara agentes encubiertos en organizaciones antirracistas en Estados Unidos. Un reciente informe del Centro de Derechos Constitucionales demostró cómo utilizan las leyes antiterroristas para atacar a los organizadores de la solidaridad palestina en Estados Unidos, socavando la libertad de expresión y los derechos civiles. Jennie K. Lincoln, asesora principal del Centro para América Latina y el Caribe, es ex consultora de la Organización de Estados Americanos, de la que Venezuela se retiró en 2017 tras repetidos intentos de la OEA de socavar la democracia venezolana y fomentar la inestabilidad. Aunque reconocemos que el Programa de Democracia del Centro Carter es elogiado por su monitoreo electoral en todo el mundo, nos preocupa que sus fuentes de financiamiento, que incluyen el Departamento de Estado de los Estados Unidos, USAID, la UE y el gobierno del Reino Unido, los hagan vulnerables a la presión política imperialista. Esto puede explicar la precipitación del Centro a la hora de emitir sus diversas declaraciones y su paralelismo con el ciclo de noticias estadounidense.
Los múltiples comunicados de prensa del Centro Carter incurren en graves omisiones y tergiversaciones que socavan su credibilidad. Lo que más nos preocupa es la afirmación del Centro de que “la votación se desarrolló en general de manera civilizada” y que “los ciudadanos venezolanos acudieron pacíficamente”. Aunque nuestras observaciones en los colegios electorales a primera hora del día reflejan ciertamente esa valoración, a última hora de la tarde, turbas violentas atacaron los centros electorales de todo el país para impedir la auditoría de los comprobantes y la distribución de las actas. La declaración del Centro Carter tampoco menciona los ataques dirigidos contra los veedores electorales. Los veedores del NLG fueron testigos de cómo turbas violentas con motocicletas y palos rodeaban el hotel en el que se alojaban los veedores internacionales. En un momento dado, nuestros veedores tuvieron que huir rápidamente de la calle para evitar lo que tememos pudo convertirse en un encuentro violento. Además, el consejo electoral venezolano ha informado de un ciberataque que interrumpió la transmisión de los resultados. El ataque de bots ralentizó las conexiones entre las máquinas de votación y el centro de totalización, y en última instancia retrasó el proceso de totalización, un ataque que debería haber encendido las alarmas del Centro Carter.
Recientemente, el Centro Carter afirmó que el ciberataque fue un engaño sin ofrecer ninguna prueba, en contra de la conclusión a la que llegó un profesor de tecnología de la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Y quizás lo peor de todo es que el Centro no ha mencionado la violencia desatada por la oposición apoyada por Estados Unidos, con turbas derechistas bloqueando carreteras clave, incluida la cercana al aeropuerto internacional Simón Bolívar, atacando autobuses, vehículos policiales y personal de seguridad, asesinando a dos activistas de base del Partido Socialista Unido de Venezuela, e incendiando un hospital. Esto dificilmente puede considerarse pacífico, no fue nada pacífico, ni para los votantes, ni para los veedores internacionales, ni para el consejo electoral. Las gravísimas omisiones y tergiversaciones del Centro Carter a este respecto socavan la credibilidad tanto de las declaraciones anteriores del Centro sobre las elecciones del 28 de julio como de la propia institución.
Además, la afirmación del Centro Carter de que no pudieron “corroborar los resultados” de las elecciones es una señal de alarma porque, hasta que no haya transcurrido el tiempo reglamentario para presentar los resultados de las votaciones, nadie fuera del CNE -y ahora del Tribunal Supremo de Venezuela- dispone de los resultados. Nos llama la atención la falta de pruebas de las declaraciones para defender sus afirmaciones. Que sepamos, no existe ninguna ley internacional ni ninguna ley nacional venezolana que exija que los resultados electorales se publiquen a la mañana siguiente de unas elecciones, y mucho menos desglosados por centro electoral. De hecho, según la legislación venezolana, la comisión electoral tiene 30 días para publicar los resultados. En Estados Unidos, los estados suelen tardar semanas en certificar oficialmente los resultados finales. Estamos profundamente preocupados por la presión de tiempo que el Centro Carter está ejerciendo sobre Venezuela, que podría tener el efecto no deseado de desestabilizar la nación y crear las condiciones para una mayor violencia cuando las tensiones ya son elevadas.
La evaluación de la delegación del NLG sobre el sistema electoral venezolano contrasta fuertemente con la del Centro Carter. Al igual que las anteriores delegaciones del NLG, nuestra delegación quedó impresionada por las salvaguardias existentes para garantizar la integridad electoral y la veracidad de los resultados, así como la eficacia y el carácter participativo del sistema electoral venezolano en comparación con los sistemas electorales estadounidenses. Ninguna de las personas con las que se reunió nuestra delegación (sin acompañamiento de miembros del gobierno venezolano), en lugares como farmacias, supermercados, el metro, restaurantes y otros lugares, mencionó problemas con el registro o restricciones a la libertad de expresión.
Para más información, consulte el informe final del NLG sobre las elecciones presidenciales de 2024: https://nlginternational.org/2024/07/national-lawyers-guild-report-election-monitoring-delegation-to-the-bolivarian-republic-of-venezuela/.
