El Gremio Nacional de Abogados (Estados Unidos), por su Comité Internacional, se opone firmemente al actual intento del gobierno de los Estados Unidos de interferir en la soberanía y asuntos internos de México, amenazando con repercusiones económicas si México implementa reformas democráticas en el poder judicial de su gobierno y movilizando al gobierno de Canadá para unirse a estas inaceptables amenazas.

En una declaración escrita del 22 de agosto de 2024 “Sobre la propuesta de reforma judicial de México”, declaró el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar:

[L]a elección popular directa de jueces es un riesgo importante para el funcionamiento de la democracia en México.  Cualquier reforma judicial debe contar con las salvaguardas adecuadas que aseguren que el poder judicial se fortalezca y no esté sujeto a la corrupción de la política. . . También creo que el debate sobre la elección directa de jueces en estos tiempos, así como la política feroz si se aprobaran las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazarán la relación comercial histórica que hemos construido, que depende de la confianza de los inversores en el marco legal de México.  [Énfasis en el original]

El mismo día, el embajador de Canadá en México, Graeme Clark, se unió a Salazar para amenazar implícitamente con daños económicos a México si las reformas judiciales propuestas avanzan. Clark afirmó: “Mis inversores están preocupados, quieren estabilidad, quieren un sistema judicial que funcione en caso de problemas”.

Estados Unidos es, por mucho, la mayor fuente de inversión extranjera directa en México. El país depende económicamente de estas inversiones. En respuesta a la intervención directa del embajador Salazar en una cuestión interna de Estado de derecho en México y a las amenazas económicas implícitas de los embajadores de Estados Unidos y Canadá, el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha “pausado” las relaciones de las embajadas tanto con Estados Unidos como con Canadá.

Según el principio de soberanía del Estado, la elección de modelos nacionales de estado de derecho se encuentra dentro del ámbito de los asuntos internos de una nación.  El principio de no intervención sigue siendo una parte bien establecida del derecho internacional.  La prohibición de intervención “es un corolario del derecho de cada Estado a la soberanía, la integridad territorial y la independencia política” (Oppenheim’s International Law, p. 428).  Así, el artículo 3(e) de la Carta de la Organización de los Estados Americanos dice: “Cada Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social y a organizarse de la manera que mejor le convenga, y tiene el deber de abstenerse de intervenir en los asuntos de otro Estado.” Esto es consistente con múltiples resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 1965, la Asamblea General adoptó una “Declaración sobre la inadmisibilidad de la intervención y la injerencia en los asuntos internos de los Estados” (resolución 2131 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas). Cinco años más tarde, la Asamblea General aprobó la Resolución 2625 (XXV) (1970), que incluye una sección sobre “El principio relativo al deber de no intervenir en asuntos dentro de la jurisdicción interna de cualquier Estado, de conformidad con la Carta”. En DRC V. Uganda (2005), la Corte Internacional de Justicia señaló que “el principio de  no intervención prohíbe a un Estado ‘intervenir, directa o indirectamente, con o sin fuerza armada, en apoyo de la oposición interna dentro de un Estado’” (Reportes de la CIJ 2005, párr. 164).

En este caso, el Embajador ha inclinado con fuerza la balanza a favor de la oposición interna en México, representada por los partidos PRI y PAN, que se oponen visceralmente a las reformas judiciales propuestas por el gobierno, y favorecen continuar con el proceso tradicional de selección de jueces por élites arraigadas que representan poderosos intereses económicos. Durante la reciente campaña electoral de México, los candidatos de la coalición PRI/PAN (incluyendo a su candidata presidencial), se opusieron enérgicamente a las reformas judiciales propuestas por el partido gobernante del país, Morena.  La candidata presidencial del PRI/PAN y el resto de sus candidatos, fueron rechazados abrumadoramente por los votantes del país. Lo que no pudieron ganar en las urnas, la oposición ahora busca lograrlo mediante la interferencia externa en la soberanía de México.

Es irónico e hipócrita que el Embajador Salazar, quien señala en su declaración  “me desempeñé como Fiscal General de Colorado durante seis años, donde fui el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley en mi estado”, condene la elección directa de jueces como “antidemocrática” y “sujeto a… corrupción”.  Los jueces estatales de Colorado son retenidos mediante elección popular directa luego de un nombramiento inicial.  Colorado es uno de los 39 estados de los EU que prevé la elección directa de al menos algunos de sus jueces. (Iniciativa de Justicia Igualitaria, Selección Judicial.) Ciertamente, bajo el sistema federal de Estados Unidos, el Embajador Salazar no apoyaría ninguna acción del gobierno federal para amenazar a Colorado o cualquiera de esos otros 38 estados que prevén la elección directa de jueces. Es aún menos justificable que Estados Unidos amenace económicamente a México, una nación soberana, por estar considerando la elección popular directa de jueces.

El embajador Salazar debería rescindir públicamente en su totalidad su declaración del 22 de agosto y pedir disculpas a México y su pueblo.

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